BOCHORNOZO MANAZO
Los senadores de Alberto Rodríguez Saá aprobaron la creación de decenas de cargos políticos con sueldos de funcionarios en la Legislatura
En una sesión relámpago el bloque del gobernador dio media sanción a un proyecto de ley que crea una mega estructura de puestos jerárquicos con sueldos altísimos en el Senado y en la Cámara de Diputados.
A última hora el bloque de senadores de Unión por la Patria de Alberto Rodríguez Saá introdujo sorpresivamente un proyecto que habilita la designación de al menos 53 funcionarios en la Legislatura.
La movida oficialista esconde la intención de nombrar en estos nuevos puestos a funcionarios, asesores y seguidores del actual gobernador que a partir del 10 de diciembre deberán dejar sus lugares en el Gobierno porque el partido oficialista perdió las elecciones. Se considera una maniobra espuria.
Esa fue la lectura que hicieron desde el futuro Gobierno que encabezará Claudio Poggi.
María Angélica Torronteguí (Pueyrredón), Diamela Freixes (Dupuy), Juan Carlos García (Belgrano), Diego García (Ayacucho), Daniel Camilli (Pringles) y Mariana Cruz (San Martín) protagonizaron el bochornozo manazo.
A libro cerrado aprobaron la mega estructura en una sesión exprés. Dieron ingreso a la iniciativa para que tomara estado parlamentario, pidieron un cuarto intermedio de 45 minutos para analizarla y cuando regresaron Freixes leyó los fundamentos en un ejercicio que le demandó cuatro minutos.
En un 38% aumentará la dotación de cargos en el Senado, un 43% en la Cámara Baja. Se sumarán 50 cargos de directores de comisión.
Para calmar el enojo de los actuales empleados en el mismo proyecto introdujeron artículos que disponen el pase a planta permanente y otras medidas.
Adolfo Castro Luna y Sergio Guardia del bloque poggista repudiaron la intención de Rodríguez Saá de agrandar la burocracia política.
La demagogia albertista quedó en evidencia también cuando los senadores oficialistas empujaron a los trabajadores a presenciar la sesión para predisponerlos en contra de los dos legisladores de la oposición que en realidad cuestionaron el costo que implicará para el Estado los nuevos puestos.
Sergio Guardia denunció en el recinto el impacto que tendrán en el presupuesto los nombramientos y advirtió que no se consigna de “donde se sacarán los fondos, solo que autoriza al Ejecutivo a buscar los fondos para pagar esto. Es inconstitucional”.
“El reglamento habla de 10 comisiones que integramos cada uno de nosotros, como presidente, secretario y tesorero. Ahora vamos a nombrar a dos personas más por cada una en ambas cámaras. Hablamos más de 50 personas que van a cobrar cerca de 800 a 900 mil pesos que seguro que no es el mismo salario que perciben los empleados que están aquí y que vienen todos los días a trabajar. Esto significa que vamos a esconder a parientes, amigos, hermanos o no sé a quiénes vamos a nombrar a través de esta ley”, aseveró.
Y agregó: “Ese salario multiplicado por trece meses son más de 500 millones de pesos al año, un barrio de 35 casas aproximadamente. En Merlo se hicieron 18 viviendas en siete años y medio de gestión, tenemos mucha demanda en ese aspecto, pero vamos a nombrar cargos para contener a nuestros políticos, el pueblo votó no más a eso”.
Señaló que este proyecto se tendría que haber dividido en dos partes, por un lado, las mejoras condiciones laborales a los trabajadores y por el otro el incremento en la planta.
“Caminamos nuestros territorios como representantes en cada uno de los departamentos y vemos a la gente haciendo empanadas, rifas y bingos para poder trasladar a sus enfermos a algún centro asistencial de mayor complejidad en otra provincia porque no les alcanza. Tenemos al pueblo empobrecido, sin empleo y estamos tratando un proyecto que no dice de dónde saldrán los fondos para cubrir todos estos cargos”, expuso.
En la misma línea, añadió: “El pueblo nos pide conductas coherentes, no podemos seguir saliendo con este tipo de situaciones, tenemos a nuestros niños pobres, por lo tanto no podemos destinar 500 millones de pesos en un proyecto de ley hecho en 24 horas, en tratamiento exprés en un cuarto intermedio".
Diamela Freixes ofició de vocera del albertismo. Dijo que como pasaron más de 12 años de la sanción de la anterior norma “se hace imperioso hacer una revisión y actualización de la misma”.
“Es necesario, para ambas cámaras, fortalecer el trabajo en las comisiones. Todos los legisladores saben el gran esfuerzo que se hace en esos espacios. Y, con la vigencia de la ley, al no poder designar personal, cosa que se ha cumplido a rajatabla, deben cumplir la tarea de analizar y estudiar las leyes, pero también ser secretario de actas, toma de asistencia, recordar la agenda de temas, redactar los despachos, establecer los lugares de reunión, etc. Y por eso estimamos crear un cuerpo especial de directores destinado a solucionar todos los temas que han ido surgiendo a lo largo de estos años”, dijo sin salirse del libreto que leyó de punta a punta.
A su vez, indicó que en el caso del Senado hubo una serie de cargos que se fueron perdiendo por jubilación, retiro voluntario, muerte, etc.
“La división constitucional de los Poderes implica, claramente, la posibilidad a cada uno, de darse su estructura funcional y fijar su remuneración y forma de designación. En este caso se trata de la ley que establece la estructura funcional de las cámaras, que después de 12 años será reformada para adecuarla a las actuales necesidades del trabajo legislativo”, agregó.
Además del aumento de la planta, la iniciativa fija una recategorización para el personal con cinco años o más de antigüedad; el pase a planta permanente de aquellos que tienen más de tres meses de contrato y cada vez que el Gobierno otorgue un aumento salarial debe incluir a todo el personal legislativo.
Por su parte, Adolfo Castro Luna explicó que los fundamentos son “confusos” porque “una cosa son las condiciones de los trabajadores y eso nada tiene que ver con ampliar la cantidad de puestos políticos para esta casa”.
"El pueblo de San Luis el 11 de junio decidió votar la oferta de la oposición porque pedía una cuestión que el oficialismo saliente no ha podido otorgar; mayor austeridad, que trabaje para generar las condiciones necesarias para que cada vecino concrete oportunidades para progresar", expresó.
Y añadió: "El electorado no eligió la oferta oficial que solo propone la continuidad del amiguismo y los privilegios de los poderosos en detrimento de los trabajadores, de la educación, de la salud y de la seguridad, de un puñado de personas que ven en el voto popular una expresión contraria de los deseos de la gente".
Los nuevos cargos se aprueban por mayoría simple, condición que reúne el oficialismo. Hay algunos casos que se autorizan por resolución de la presidencia.